Al Presupuesto Público NO se le respeta

Diversas instituciones públicas en el Perú han sufrido una lamentable pérdida de credibilidad y respeto en los últimos años. Sin embargo, una que considero importantísima es la institución del Presupuesto del Sector Público, una de las leyes más importantes que debe enmarcan los límites y prioridades de un gobierno. Dicho presupuesto es la representación cuantitativa de los principios, objetivos y metas de un gobierno. Sus fundamentos reflejarán, no sólo las prioridades que el gobierno respecto a la prestación de servicios y sus criterios de redistribución de ingresos, sino también la forma cómo se ha “decidido” obtener los recursos necesarios para cubrir dichas necesidades. En este sentido, el presupuesto público “debe” reflejar un conjunto coherente de políticas económicas, que establezcan las condiciones esenciales para el logro del crecimiento con equidad.

Sin embargo, son numerosos los ejemplos que el gobierno ha dado de cambios al presupuesto “a mitad del camino”: elevación del IGV de 16% a 17%; creación del ITF; creación del ITAN, ajustes presupuestales para cubrir demandas de aumentos salariales “no presupuestadas”; créditos suplementarios para financiar posibles nuevos programas de “apoyo social”, entre otros. ¿Qué mensaje transmite el gobierno respecto a su política fiscal? Primero, que no existe una planificación integral que persiga el logro de objetivos económicos y sociales precisos o al menos que no es posible respetar lo programado. Segundo, que el presupuesto público es sólo una “referencia” para su política económica. Finalmente, enseña a toda la población (votante y no votante) que las leyes pueden cambiarse cuando es necesario luego de aprobadas; la cultura de la improvisación se transmite muy rápidamente a todas las instancias de la vida.
Por otro lado, la evaluación del programa de subsidios directos que el gobierno viene aplicando en una fase piloto (creado el 6 de abril de 2005 por D.S. No. 032-2005-PCM y denominado Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, ex-ProPerú, ahora JUNTOS) resalta una debilidad adicional referida al diseño del presupuesto del sector público. Refleja un desconocimiento respecto a la forma cómo se evalúa la conveniencia de realizar un mayor gasto público (el cual requiere una priorización debido a las grandes necesidades del país).
Si se les pregunta a los técnicos que se encuentran evaluando el referido programa de apoyo social, respecto a su costo, es probable que la respuesta esté referida al valor total de los recursos empleados (gastados) en la ejecución de dicho programa, esto equivaldría a US $ 100 millones en su primera etapa.

Sin embargo, el verdadero “costo” de un mayor gasto público no sólo depende de cuánto se desembolsa para su operación, sino de con qué recursos se cubre. El costo adicional de un mayor gasto público debe considerar los costos generados por la obtención del recurso con el cual se financiará. En ese sentido, cada fuente de recursos conlleva un costo “social” diferente. Por ejemplo, si el financiamiento es a través de un nuevo impuesto o la elevación de la tasas de uno ya existente, los costos asociados son el resultado de las distorsiones que provoca la mayor carga tributaria sobre las decisiones económicas de los contribuyentes (menor ahorro, menor consumo, búsqueda de formas de eludir el impuesto, mayor preferencia por circulante, etc.). En este sentido, la conveniencia de llevar adelante un mayor gasto social deberá comparar sus aparentes beneficios adicionales versus los costos adicionales por la necesidad de mayor financiamiento (mayor carga tributaria presente y futura, mayor endeudamiento futuro, reducción de otros gastos prioritarios, etc.).

Lamentablemente, el momento no ha sido el más oportuno para proponer la implementación del referido programa de apoyo social. El hecho de ser un año pre-electoral, no sólo le hace aparecer como una estrategia de “clientelismo político” sino también han surgido presiones de diversos sectores reclamando el cumplimiento de promesas específicas y de diversas nivelaciones, poniendo presión por mayores incrementos salariales “no presupuestados”.

Finalmente, la actual evaluación del programa referido debe llevar a sus diseñadores a sopesar el costo marginal de disponer de dichos recursos públicos versus los beneficios que se obtendrían. Hay que reconocer que esta evaluación puede ser más difícil por el lado de los beneficios pues estos no son fácilmente observables en el corto plazo. Sin embargo, la sugerencia es que toda evaluación de ajustes o creación de programas de gasto público, conlleve una evaluación precisa de sus beneficios y costos marginales, yendo más allá del costo explícito asociado e incorporando una noción de costo de oportunidad económico.

Por lo visto, en los últimos años lo “no presupuestado” se convierte en una norma más que en la excepción. El respeto a la importancia del presupuesto debe recuperarse en breve plazo para así propiciar las bases de una sólida y sostenible política fiscal no para un gobierno sino para todos los peruanos, más aun por los que están por nacer.