La emergencia de las medidas tributarias

Es fácil darse cuenta que la mayor debilidad de la política económica de éste y todos los gobiernos ha sido el ámbito fiscal. El fenómeno hiperinflacionario por el que pasó el Perú hacia fines de la década de los 90 dejío una gran enseñanza: la política monetaria debe ajustarse a fin de reducir los riesgos de generar presiones sobre los precios. Respecto a la política fiscal sólo se abordaron lo que yo llamo reformas de primera generación fiscal, es decir:

• se determinó que una política fiscal sana debía sustentarse en un presupuesto balanceado;



• se puso gran énfasis en la obtención de ingresos tributarios a fin que permitan sustentar las necesidades de gasto público (primera y única reforma tributaria del Perú en el año 1991-1993);


• se decretaron reglas fiscales de cumplimiento obligatorio por parte del gobierno central, así como de los gobiernos subnacionales (locales y regionales);


• la deuda pública (interna + externa) debe ser sostenible, es decir, debe pesar cada vez menos como porcentaje del PBI.

Lo señalado líneas arriba logró importantes resultados como primera parte de una reforma fiscal (la presión tributaria se incrementó hasta mediados de los 90). Sin embargo, y principalmente en el tema tributario y presupuestario, se dejaron de lado algunos cambios cuyos efectos negativos se están sintiendo ahora cada vez más.

Por el lado tributario, la mejora en la presión tributaria observada a inicios de los 90 resultó de la aplicación de un régimen de fiscalización del Impuesto General a las Ventas que hasta ese momento había sido casi inexistente. En ese sentido, la generación de riesgo, la mayor cobertura de contribuyentes fiscalizados y la utilización de tecnología para procesamiento de información (apoyados en la obtención de información declarada por los contribuyentes respecto de sus obligaciones tributarias) coadyuvó a la mejora en la recaudación observada.

Sin embargo, y todo administrador tributario debe reconocerlo, los contribuyentes reaccionan más rápido y mejor a cualquier estrategia de fiscalización implementada. Esto obliga a que se deba afinar permanentemente la metodología de fiscalización de tributos. No sólo extendiendo la cobertura a más contribuyentes, sino: i) mejorando la selección de contribuyentes con elevado riesgo de incumplimiento; y ii) compenetrándose en el conocimiento de la forma de operar de cada tipo de contribuyente, dependiendo del impuesto, su tamaño así como del sector o actividad económica en la que se desenvuelve.

Ha sido claro que, tarde o temprano, la debilidad en este campo de la gestión de fiscalización, debía reflejarse en una caída en el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, que se ha tenido que cubrir vía medidas administrativas de cobro anticipado de impuestos como el IGV. En otras palabras, la raíz del problema, el incumplimiento tributario, no se ha atacado correctamente. Por el contrario, lo único que está sucediendo es que el Administrador Tributario traslada el costo de administrar tributos parcialmente a los contribuyentes, incrementando los costos de cumplimiento a cambio de ninguna retribución. El mayor daño de continuar creyendo que en recaudación de impuestos no importa el medio, sino el fin, es que a la larga se pierde la orientación de cuál es la verdadera solución del problema.

Es realmente preocupante que la política tributaria esté siguiendo este camino. Lo único que se está haciendo es postergar una solución. Pongamoslo de la siguiente manera, la bonanza que en erste momento están viviendo las cuentas fiscales implica también bonanza para el presupuesto del Administrador Tributario. Lo más saludable que podría hacer es destinar buena parte de dicha mejora a inversión. La mejor inversión de un administrador tributario es hacia la gestión de fiscalización. No sólo a acontratar más auditores o a ampliar la fiscalización a un mayor número de medianos contribuyentes sino a mejorar la calidad del trabajo de fiscalización. En este sentido, calidad es mejor que cantidad.

Realmente consideramos que se está viviendo una situación de descontrol tributario que no le hace nada bien a nuestro sistema. Debemos recordar que el sistema tributario NO es del gobierno, es del Estado, parte importante del cual somos todos los ciudadanos y el sector empresarial. No debe permitirse ultrajar de esta manera la fuente de recursos que sustentará (y afectará) no sólo a este generación sino a las futuras.